lunes, 23 de febrero de 2009

La distancia, aquí, no se va haciendo menos

Esther Quintana Salinas

No hay Cumbre Iberoamericana en la que no se pondere la importancia de la dimensión ética de la gobernabilidad, en la de 1994, párrafo 23 de la Declaración se señala: "La raíz ética de la actividad política - la exigencia de valores y de sentido de vocación por la acción colectiva - constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta actividad. Elevar la calidad de la política, de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social. En este sentido, fortaleceremos, desde la más temprana escolaridad, los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la participación". Igualmente, se destaca en el párrafo 28: "La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman nuestros Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la corrupción."
En la del 29 de marzo de 1996, el tema principal era desarrollar con ahínco, las implicaciones de los valores éticos de la democracia. Así lo propuso el presidente Caldera en sus palabras, durante la clausura de la Cumbre de Viña del Mar: "La democracia no es solamente un sistema político, la democracia es una forma de vida, la democracia es un compromiso en torno a los valores morales que le dan consistencia y que la hacen invencible". Dentro de este gran tema central, el presidente Caldera desgajó una serie de puntos particularmente importantes como son los casos de la defensa y garantía de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la diafanidad electoral, el derecho a la información veraz, el derecho de los pueblos a una justicia recta y eficiente, y la justicia social internacional.
Max Weber, al expresar opinión sobre la política como vocación distingue dos máximas de acción ética, irremediablemente opuestas: la "ética de la convicción" y la "ética de la responsabilidad". La primera concibe la acción en torno a la satisfacción de las convicciones personales, independientemente de cuales sean sus resultados, mientras quien sustenta la ética de la responsabilidad considera las consecuencias previsibles de la propia acción. No comparto la opinión de la imposibilidad de conjugar en plural las convicciones con el sentido de responsabilidad, porque en ambas respira la ética que le da sentido a la acción humana. Lo contrario acontece en la política pragmática que abreva en criterios de corto plazo, que sirve a intereses parciales y a la pura conveniencia egoísta. Que no es más que la búsqueda del poder por el poder mismo, a la más cínica usanza que embebe al grueso de los hombres del poder.
Lo que está ocurriendo hoy día es un creciente e imparable fenómeno de desustanciación de la política, al decir de Weber, que se extiende como plaga de Egipto, en perjuicio de las valoraciones éticas. Dos pecados mortales de la política señala el eminente y visionario politólogo alemán, más vigentes que nunca: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad.
Un nuevo maquiavelismo va asentando su impronta, tristemente montado en las "novedosas formas de hacer política", cuyas dos consecuencias más perniciosas son, sin lugar a sesudas reflexiones: el desdibujamiento del bien común y el predominio del político manipulador, maestro en el manejo de las visiones parcialializadas de la realidad – a conveniencia por supuesto - que gira en torno a la utilidad inane y a la inmediatez. Mejor lo expresaba el maestro español Manuel García-Pelayo: "esclavo de lo inmediato, del tiempo presente ante el que meramente reacciona; su actividad es una actividad jornalera, que vive al día".
La maestra Victoria Camps dice que: "No es cierto que no haya valores compartidos: es que ya nadie se encarga de pensar en ellos, de desarrollarlos, de decir qué sentido tienen o deben tener para nosotros…" Y es que la democracia no es algo que pueda sacarse de la chistera de un mago, se tiene que hacer, y su manufactura conlleva un esfuerzo de socialización de sus valores más caros para introducirlos en los ciudadanos – primero hay que educarlos para que lo sean – y en las instituciones, y así volverlos principios irrenunciables de nuestras actitudes y conductas, en la comunidad de la que somos parte y en la política.
Sin ánimo de parecer fanática o necia, porque corro ese riesgo al expresarme en los términos en que lo hago, lo que la realidad de hoy nos está GRITANDO, aunque nos neguemos a oírla, es que cuando se baila sobre los principios de la democracia mínima, se termina con ella porque ésta demanda un profundo contenido ético, que se traduce en la ponderación de la tolerancia, del reconocimiento del pluralismo político, de privilegiar el diálogo, y de todo aquello que refleje que nadie es dueño de la verdad completa, ni que la razón la trae inmersa en su persona.
Todas las acciones y actuaciones de los hombres en el poder, huérfanas de contenido ético están logrando que crezca la indiferencia en grandes sectores de la población hacia lo público, pero lo más lamentable y peligroso, es que a los jóvenes cada día les interesa menos y lo rechazan como a la peste, simplemente se desentienden y los que se animan a incursionar en la política pronto se ven inmersos en las mismas mañas y porquerías que antes repudiaban y es que como sigue teniendo vigencia aquello de que "el que no tranza, no avanza"
Dentro de la misma tesitura de cuanto he venido compartiendo con usted, es fundamental aprender a valorar el Estado de Derecho, como requisito insustituible de la democratización de un sistema político. Sin división de poderes, sin respeto a los ámbitos de actuación de cada uno de ellos, no es posible que exista el Estado constitucional, y por ende nuestros derechos y libertades más preciados quedan irremisiblemente sin salvaguarda. En esto no es posible hablar de medio vacío o de medio lleno, o hay democracia o no la hay. Cualquier otra cosa es palabrería.
La modernización, y consiguiente adaptación a las nuevas realidades, de la Administración Pública, constituye también una dimensión sobresaliente del Estado, y no ha sido un trayecto fácil, al contrario ha estado sembrada de dificultades. La burocracia, genera anticuerpos que la vuelven contraria al cambio, "las costumbres históricas", la propensión al secreto, la tirria a todo lo que huela a control democrático, el entramado de intereses corporativos, el populismo, el clientismo, el renacimiento del nepotismo más desvergonzado que nunca, levantan una muralla que cierra el paso a las transformaciones que oxigenarían y le darían un vuelco positivo a la nada edificante realidad que hoy impera.
El desafío radica en mucho en las tareas administrativas del Estado, primordialmente en aquellas que tienen que ver con prestaciones sociales, como la educación, la salud, la vivienda, etc., tendientes a gestar mejores condiciones de vida para la población, sin embargo pesan más la falta de transparencia, las arbitrariedades, los privilegios y la corrupción, que tristemente la comunidad ha aprendido a contemplar como parte de su cotidianeidad, es decir como algo que de ordinario que es, a nadie o a casi nadie le produce ni escozor.
La corrupción, ni duda cabe, se ha convertido en un cáncer, que invade cuanto toca, y con ello en sinónimo de deslegitimación e ingobernabilidad. Luchar contra ella presenta dos frentes: el preventivo y el punitivo. El primero no se vence de la noche a la mañana, porque tiene que ver con la educación - incluyendo por supuesto la cívica - que va a contribuir a la inmunización contra las tentaciones corruptoras con la vacuna de los valores, en niños y jóvenes; la segunda se vincula con la tarea jurisdiccional principalmente, de ahí la relevancia de que el Poder Judicial no esté sometido a las fuerzas del Poder Ejecutivo, fenómeno tan común en países como el nuestro, que aunque en el ámbito federal se ha contenido, todavía en entidades federativas como Coahuila, por ejemplo, permanecen las inercias que lo tienen a merced del titular del Ejecutivo y su gavilla.
Así mismo, el Poder Legislativo tiene un papel sustancial, no sólo en la sanción de la legislación adecuada, sino en el fortalecimiento de su función contralora, que en Coahuila infortunadamente todavía no cuaja, toda vez que la ciudadanía no ha decidido crear ningún equilibrio, experimentando en primera instancia la alternancia. De igual mal padecen instituciones como el Ministerio Público, a quien están a punto en el ámbito doméstico de darle el tiro de gracia con la última reforma cocinada por los testaferros con disfraz de abogados que le sirven al gobernador Moreira y producen Iniciativas de ley a la medida de la obsesión que invade a la familia imperial. De los otros órganos que debieran sumar al fortalecimiento de la función gubernamental, mejor ni escribo, porque en nuestra Coahuila, lo único que producen son pena, toda vez que son incondicionales por ministerio de ley, al Gobernador, a los habitantes no NOS SIRVEN PARA NADA.
Finalmente, la opinión pública, más puntualmente, la fuerza que mueve tal opinión, y que se canaliza a través de los medios de comunicación, cuando se ejerce con pulcritud, cumple su función y contribuye a hacer pública la transparencia en la persecución de los delitos de corrupción, si no ocurre así no hay legitimación de las instancias del Estado.
Lo invito respetuosamente, a hacer alguna reflexión sobre lo aquí expuesto. En Coahuila todavía estamos a mil años luz de que algo de esto, aunque sea un poquito, se de, sin embargo es usted, quien tiene la última palabra.